Carlos Alberto Castillo / El sentir de Coahuila
05 Febrero 2021
Miguel Riquelme se ha blindado para afrontar a Morena en las
elecciones de diputados federales y alcaldes del 6 de junio próximo con vistas
a retener la gubernatura en 2023. El lagunero ya tiene el control del Congreso
y del Tribunal Superior de Justicia, así como la aquiescencia de los organismos
empresariales y de los medios de comunicación, en algunos casos solo de dientes
afuera. Los exgobernadores están alineados; y los Moreira, sujetos a
investigación, tampoco representan un riesgo. El repudio social por la
corrupción y el daño causado a varias generaciones, principalmente a los
pobres, forzó su exilio.
Para evitar la sangría de cuadros del PRI al movimiento del
presidente Andrés Manuel López Obrador, como ha ocurrido en Coahuila y otros
estados, el gobernador repartió candidaturas y puestos en el gabinete a
distintos grupos. Jericó Abramo Masso, quien aspiraba a ser alcalde de Saltillo
por segunda ocasión, será candidato a diputado por el distrito 4. Enrique
Martínez y Morales —hijo de exgobernador y uno de los exiliados por el
«moreirato»—cubrió la vacante de Abramo en la Secretaría de Vivienda y
Ordenamiento Territorial. Manolo Jiménez, cuya pretensión para un tercer
periodo en la presidencia capitalina la frustró el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al revertir la resolución oficiosa del «tribunalito»
estatal, ha quedado de momento en el limbo, pero podría ser candidato
plurinominal. En tal caso, dejaría a un interino para concluir el trienio.
La nominación del exsecretario de Gobierno, José María
Fraustro Siller, para la alcaldía de Saltillo amplía la baraja sucesoria de
2023. En las elecciones de 2011, el exrector de la Universidad Autónoma de
Coahuila era uno de los favoritos del gobernador Enrique Martínez, pero la
guerra sucia de otro aspirante del mismo PRI, lo disuadió de seguir en la
carrera. En las intermedias de este año, el preferido de la Presidencia
Municipal era el exdiputado local Jaime Bueno, colaborador de Carolina Viggiano
en la administración de su esposo Rubén Moreira. Como premio de consolación,
será candidato por el distrito 7, el cual comprende General Cepeda y Parras
—gobernados por el PAN y Morena, respectivamente— y una parte de Saltillo.
El sustituto de Fraustro, nombrado por Riquelme, es el
exalcalde Fernando de las Fuentes, hijo del exgobernador José de las Fuentes.
Un movimiento desafortunado por los antecedentes del funcionario, sobre todo
cuando fungió como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local. En
2011 le estalló el escándalo de la megadeuda por 35 mil millones de pesos
contratada ilegalmente en el gobierno de Humberto Moreira. De las Fuentes
regresó a la arena política en 2013 para contender de nuevo por la alcaldía de
Saltillo. La elección la ganó Isidro López Villarreal (PAN), quien, en un
debate, lo cuestionó al priista sobre el origen de su fortuna y las propiedades
registradas a su nombre en los últimos meses del gobierno de su padre.
La tercera renuncia en el gabinete fue la de Román Cepeda
González, otro exdiputado del «moreirato». El exsecretario del Trabajo
competirá por la alcaldía de Torreón, en poder del PAN. En 2017, el nieto del
exgobernador Román Cepeda perdió la diputación del distrito 10 con la panista
Blanca Eppen. Riquelme ha respetado las cuotas: cubrió las plazas de Fraustro y
de Abramo con saltillenses, pero el grupo dominante es lagunero. La mayoría de
los aspirantes del PRI a la gubernatura son capitalinos; sin embargo, el amigo
de Riquelme es el nuevo líder del Congreso, Eduardo Olmos. Las ruedas de la
sucesión ya se han echado a andar.
Van por gobierno dividido
El reagrupamiento del PRI en Coahuila obedece a la necesidad
de recuperar espacios en el Congreso federal y conservar el poder. El primer
objetivo le permitiría a los gobernadores incidir en la agenda legislativa,
controlada hoy por Morena; y el segundo, evitar la emigración de liderazgos a
otros partidos. La postulación de expriistas, por parte de Morena o del PAN,
habría dificultado aún más el escenario para la elección de alcaldes y
diputados. La operación política de Miguel Riquelme conjuró por ahora ese
peligro.
Los gobernadores perdieron influencia en el Congreso en
2018, cuando Morena se hizo con la mayoría en las Cámaras de Diputados y de
Senadores. La apuesta de la alianza Va por México, formada por el PAN, PRI y
PRD, que no incluye a Coahuila, consiste en regresar a la fórmula de gobierno
dividido para limitar al presidente López Obrador. El PRI detentó el monopolio
del Congreso durante 68 años y lo perdió en las elecciones intermedias de
Ernesto Zedillo (1997), cuando las oposiciones sumaron más diputados. El
esquema se repitió en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y
Peña Nieto.
Sin embargo, aun con la coalición tripartita, las encuestas
favorecen a Morena todavía. Esta será la primera vez que en Coahuila, en unas
elecciones intermedias, coincidan las de diputados federales y de alcaldes. En
el caso de las legislativas, el PRI, por regla general, recuperaba los
distritos perdidos en las presidenciales. En estados como el nuestro, la norma
sigue vigente: en 2017, el partido gobernante perdió la mayoría en el Congreso
local y el año pasado volvió a hacer «carro completo».
El problema reside ahora en que el PRI, el PAN y los
gobernadores llegarán a la elección de junio sin la fuerza ni el respaldo
suficiente para afrontar a un presidente cuya prioridad es ganar el Congreso
para consolidar su proyecto político, económico y social. Si fracasa, la
sucesión de 2024 y el cierre del sexenio se le complicará. En 2018, Morena ganó
las senadurías y la mayoría de los distritos de Coahuila. Más que por su
desempeño como oposición, reprobado en las encuestas, el PRI y el PAN fundan su
esperanza de lograr un buen resultado en los comicios intermedios en el
desgaste del presidente y en las divisiones del partido guinda.
Extrapolar el «carro completo» del 18 de octubre pasado a
los comicios del 6 de junio próximo es un error, pues apenas votó el 40% de la
lista nominal. La elección de diputados la decidieron las estructuras
partidistas. La del PRI funcionó, la de Morena brilló por su ausencia y el voto
duro del PAN disminuyó. Sin embargo, en procesos para nombrar alcaldes y
diputados federales, la participación ronda el 55%. Si el descontento con el
presidente y la intención de no votar por el PRI se expresa en las urnas, el
PAN podría volver a dar signos de vida.
En cuanto a alcaldías, Acción Nacional y Morena ganaron las
más importantes en 2018, excepto la joya de la corona: Saltillo, donde el PRI
arrasó en las dos últimas elecciones. Empero, un resultado adverso en la
competencia entre José María Fraustro Siller y Armando Guadiana Tijerina, de
Morena, podría cambiar la relación de fuerzas no solo en la capital, sino en el
estado. El gobernador Miguel Riquelme superó el primer escollo: evitar que el
PRI se dividiera. Falta el segundo: ganar el 6 de junio el mayor número de
posiciones en un entorno presionado por la pandemia, la falta de recursos y un
país polarizado cuya figura dominante es hoy por hoy AMLO.
La mano de Riquelme
La candidatura de José María Fraustro Siller para la
alcaldía de Saltillo la decidió Miguel Riquelme, como todas y en cada caso con
sus riesgos. El destape lo precedió una campaña para hacer creer a los incautos
que la segunda reelección era posible, cuando a toda luz era inconstitucional.
El «carro completo» del año pasado subió los bonos del gobernador en un PRI
nacional desahuciado y a la deriva. La intentona reeleccionista sirvió para
medir fuerzas y distraer a la galería. La instigó un experto en forjar quimeras
jurídicas, «reformas avanzadas» y endulzar el oído del jefe de turno. Al
anterior —igual de megalómano— le vendió la idea de una nueva constitución
local, por encima de la federal, embaucamiento que el exmagistrado Óscar Nájera
desvaneció en un solo discurso.
Fuera del «Tribunalito» Electoral del Estado, donde oficia
de presidente uno de sus secuaces, la influencia del magistrado Luis Efrén Ríos
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anuló el
ascenso de Morena al poder y la recomposición de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Sin embargo, el embeleso por el defensor del PRI y asesor de los
Moreira, incorporado a la nómina por el exsecretario de Gobierno, Raúl Sifuentes,
continúa. Además del «Tribunalito», maneja otras instituciones igualmente
inútiles.
El plan B de Riquelme fue siempre Fraustro, quien le
coordinó la campaña para gobernador. Nunca existió plan C —Jaime Bueno,
promovido desde la alcaldía—, ni D —Jericó Abramo—, el aspirante más
competitivo, de acuerdo con algunas encuestas. Fraustro es un funcionario
discreto, serio, sin carisma ni dotes de orador, pero con una trayectoria
sólida, tanto estatal —rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, secretario
de Educación con Rubén Moreira, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso
y secretario de Gobierno con Riquelme— como federal —subsecretario de Educación
Pública en el gobierno de Vicente Fox—.
Alejado de los escándalos y conciliador, los vínculos de
Fraustro con el sector empresarial de Saltillo y La Laguna, su relación con los
exgobernadores de Coahuila y su trato con líderes del PAN y otros partidos,
abonan su candidatura. Una decisión contraria hubiera polarizado al PRI y
puesto en riesgo la elección. Fraustro no tiene el triunfo como en la bolsa,
pero cualquier ruptura en el PRI la habría capitalizado Morena, cuyo candidato,
Armando Guadiana, será un rival de cuidado.
La salida que se le dio a Jericó Abramo, postularlo para
diputado por el distrito 4, mantendrá unido al PRI y le sumará votos a
Fraustro. El mismo papel lo desempeñó en las elecciones de 2018, pero cometió
el error de aceptar ser el segundo de la fórmula para el Senado, y al ganar
Morena, quedó fuera. Como la traición es moneda corriente en todos los
partidos, algunos agentes aprovechan las elecciones para eliminar a adversarios
potenciales. En este caso de la sucesión por la gubernatura, la cual tiene cada
vez más corredores en la pista.
Fraustro ha experimentado la guerra sucia en carne propia. En 2002, cuando su nombre empezó a barajarse para la alcaldía, se pintaron bardas en su contra con leyendas infamantes; algunas, en instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la cual había sido rector. Para mal del estado, el elegido fue otro. De las mismas manos habrían sido las pintas que, años más tarde, acusaban de dipsómano al presidente Calderón. Gerardo Hernández E4
